El Ministerio Público atribuye al ex mandatario
presunta “lesión de confianza y administración en provecho propio” por la
permanencia de recursos estatales en la entidad financiera, cuya disolución
congeló depósitos de ahorristas e instituciones
La Fiscalía de Paraguay solicitó la prisión
preventiva del expresidente Santiago Peña, imputado por presunta lesión de
confianza y administración en provecho propio en la investigación por el cierre
de Ueno bank, entidad vinculada a su anterior actividad empresarial y receptora
de fondos públicos que quedaron congelados tras su disolución.
El caso abarca recursos del Instituto de
Previsión Social, que durante el gobierno de Peña invirtió unos USD 355
millones en el banco. La entidad también administraba las cuentas de 32.000
jubilados, entre otros depósitos de organismos estatales.
La imputación sostiene que Peña actuó como
instigador en el presunto delito de lesión de confianza y como autor en la
presunta administración en provecho propio. Un juez deberá resolver el pedido
de los fiscales durante una audiencia de imposición de medidas.
Peña fue detenido el viernes, después de que un
juicio político lo declarara culpable de mal desempeño de funciones por la
disolución de Ueno bank, que tenía 2,94 millones de clientes, casi la mitad del
total de la población del país. El cierre de la entidad derivó en el
congelamiento de recursos de ahorristas, jubilados e instituciones públicas.
El acta de imputación presentada por el
Ministerio Público detalla la conducta que atribuye al exmandatario: Peña
“habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación,
renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de
entidades públicas y previsionales” en Ueno bank.
El documento también alude a la relación previa
entre Peña y el grupo empresarial de la entidad. El expresidente fue accionista
de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras
firmas, al banco, y vendió esa participación en marzo de 2025, de acuerdo con
la acusación promovida por los diputados que impulsaron su juicio político.
La Fiscalía señaló que Ueno bank habría
recibido esos recursos estatales mientras realizaba operaciones crediticias con
sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico. Sobre esas
operaciones, el documento afirmó que los órganos de supervisión del Banco
Central identificaron “observaciones e irregularidades”.
La investigación también alcanza al
expresidente del Banco Central de Paraguay Carlos Carvallo, detenido tras
presentarse el viernes ante las autoridades. El Ministerio Público pidió su
prisión preventiva por presunta lesión de confianza, producción inmediata de
documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Carvallo había presidido Financiera Ueno, de la
que surgió Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura del Banco Central.
Según expusieron los diputados en su acusación, el directorio de la entidad
emisora autorizó la creación del banco “83 días después” de su designación.
Por su parte, la Fiscalía imputó a 27 personas
por el caso. Entre ellas figura Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno
bank, quien fue trasladado el viernes a una cárcel para procesados junto con
otros cinco directivos.
La respuesta penal se produjo mientras el
Gobierno defendía la actuación de las instituciones tras la caída de la entidad
financiera. La Cancillería sostuvo en un comunicado que “la respuesta
institucional demuestra que rige el Estado de derecho, que cuenta con un sólido
sistema financiero y que el país dispone de mecanismos para detectar
irregularidades, corregirlas, proteger a los afectados y exigir
responsabilidades”.
El Ejecutivo reconoció que Paraguay atravesó
“un periodo de tensiones, derivadas de la crisis financiera de un banco local,
que puso a prueba la fortaleza institucional”. Tras la destitución de Peña, el
entonces vicepresidente Pedro Alliana fue convocado para completar el mandato
presidencial hasta el 15 de agosto de 2028, mientras el entonces senador
Antonio Barrios juró como vicepresidente.



