El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un nuevo paso en su ofensiva política y judicial: la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que habilita prisión perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo.

La iniciativa, impulsada por el propio mandatario, modifica el artículo 27 de la Constitución y rompe con una histórica limitación del sistema penal salvadoreño, que hasta ahora fijaba topes máximos de condena y priorizaba la reinserción social.

El proyecto fue aprobado con 59 votos en una sesión sin debate previo, reflejando el control que el oficialismo ejerce sobre el Parlamento. La reforma establece que la cadena perpetua podrá aplicarse exclusivamente a determinados delitos, aunque no define aún su reglamentación específica.

La decisión no es aislada: se inscribe en la estrategia de mano dura que Bukele sostiene desde la implementación del régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años, con el que su Gobierno encaró una ofensiva directa contra las pandillas.

Choque frontal con organismos de derechos humanos

La reforma llega en medio de una fuerte controversia internacional. Un informe elaborado por expertos independientes denunció al Gobierno salvadoreño por presuntos crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción.

Lejos de moderar el tono, el Ejecutivo redobló la apuesta. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, lanzó duras críticas contra organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de "defender criminales y de carecer de legitimidad".

El propio Bukele también reaccionó con virulencia en redes sociales, cuestionando la cobertura de medios internacionales y denunciando una supuesta campaña para exigir la liberación masiva de detenidos.

FIN DE LA "REINSERCIÓN"

El cambio constitucional implica un giro profundo en la filosofía del sistema penal reflejan medios de El Salvador. Hasta ahora, la Constitución establecía que las cárceles debían orientarse a la rehabilitación de los condenados. Con esta reforma, el eje se desplaza hacia el castigo permanente para determinados delitos.

En paralelo, el endurecimiento ya venía escalando: incluso con límites legales vigentes, la Fiscalía había logrado condenas simbólicas de hasta mil años contra miembros de pandillas.

Clima político más tenso

La reforma no solo refuerza el perfil de Bukele como líder de mano dura, sino que también profundiza la grieta con organismos internacionales y sectores que advierten sobre un deterioro institucional en El Salvador.

Mientras el Gobierno consolida su administración de seguridad total, crecen las alertas por el costo en derechos y garantías básicas, en un escenario donde el respaldo popular convive con crecientes cuestionamientos externos.