La Dra. Silvina Coto, jueza de garantías del Joven Nº 1, de San Isidro durante una entrevista en el programa radial “El Colador” por FMetropolitana analizo la nueva ley penal juvenil en Argentina,

Desafíos y viabilidad de la nueva ley penal juvenil

La nueva normativa reduce la edad de imputabilidad a los 14 años para cualquier delito. Esto podría multiplicar por siete la cantidad de jóvenes captados por el sistema penal juvenil. Sin embargo, los operadores del sistema advierten que la ley viene a "detonar" un sistema que ya está en crisis.

La principal debilidad no radica en la justicia penal, la cual está relativamente preparada para el cambio en el flujo de casos, sino en el territorio. Actualmente, no existen las herramientas ni la infraestructura necesarias para el seguimiento y tratamiento de los menores.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las escuelas no tienen vacantes, los tratamientos gratuitos para adicciones son de difícil acceso y escasean los talleres o actividades recreativas.

Enfoque de la delincuencia juvenil y reinserción

La experta señala que la problemática de los menores infractores es mayormente social, caracterizada por la deserción escolar y el consumo de drogas. Tratar a un joven de 14 años con los mismos parámetros que a un adulto de 40 o 50 años es considerado un error, ya que se trata de personas en formación.

“El encierro en institutos sin actividades genera resentimiento y no soluciona el problema de fondo” destaco. Para lograr una verdadera recuperación -agrego- se requiere trabajar sobre las causas que llevaron al menor a delinquir, como la vulneración de derechos y la falta de contención.

Infraestructura de detención y presupuesto

La ley exige que los menores sean alojados en pabellones exclusivos para su edad y no convivan con adultos. En Buenos Aires existen institutos de detención especializados bajo la Subsecretaría Penal Juvenil (regulados por la ley provincial 13634 desde 2008).

No obstante, para aplicar la nueva ley a nivel nacional de manera efectiva, se requiere una fuerte inversión presupuestaria destinada a crear organismos, mejorar los lugares de detención y financiar programas educativos y terapéuticos.