La crisis de salud mental y el preocupante crecimiento de los suicidios en Argentina entraron de lleno en la disputa política. La diputada nacional de la oposición Cecilia Moreau apuntó contra el Gobierno de Javier Milei, vinculó el deterioro emocional de la población con la situación económica y denunció un supuesto "abandono" de las políticas públicas destinadas a atender la problemática.

La legisladora de la oposición trazó un escenario que definió como un "combo explosivo": salarios y jubilaciones deteriorados, familias endeudadas, incertidumbre económica, depresión y un incremento de los suicidios.

"Tenemos un problema muy serio con la salud mental en la Argentina y se han abandonado todas las políticas públicas al respecto", afirmó Moreau, quien cuestionó además las decisiones tomadas alrededor del Hospital Bonaparte y otros dispositivos de atención.

Pero detrás de la acusación política aparece una discusión bastante más compleja. ¿Puede atribuirse al Gobierno actual el deterioro de la salud mental de los argentinos o el crecimiento de los suicidios?

Los datos disponibles no permiten establecer semejante relación causal.

Argentina enfrenta efectivamente un escenario preocupante. El informe técnico del Observatorio de Política Criminal muestra que en 2025 se registraron 5.209 suicidios y una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, la más elevada de la serie analizada.

Pero hay otro dato fundamental: la tendencia es bastante anterior al actual Gobierno.

En 2017 hubo 3.304 casos; en 2018 fueron 3.903; en 2019, 3.647; en 2020 descendieron a 3.262 y desde entonces volvieron a crecer: 3.648 en 2021, 3.959 en 2022, 4.205 en 2023 y 4.249 en 2024. Finalmente, en 2025 se produjo un fuerte salto hasta los 5.209 casos. Entre 2017 y 2025, el incremento acumulado fue del 57,7%.

Es decir, el fenómeno atravesó las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, además del enorme impacto social y psicológico que significó la pandemia.

Eso no exime al actual Gobierno de su responsabilidad sobre las políticas de prevención y asistencia que desarrolla desde diciembre de 2023. Pero sí obliga a separar dos discusiones: una cosa es cuestionar cuánto invierte el Estado o qué dispositivos mantiene para atender la salud mental y otra muy distinta es atribuirle a una administración el origen de un fenómeno social y sanitario de múltiples causas.

De hecho, el propio informe advierte desde su introducción que el suicidio "no puede reducirse" a explicaciones únicas y reclama combinar estadísticas, condiciones territoriales y prudencia interpretativa. También aclara que su análisis no pretende establecer las causas individuales detrás de cada muerte.