Tras perder un juicio civil, el Estado deberá pagar casi 10 millones de dólares en honorarios para los abogados de Cristina Kirchner y los del resto de los acusados de la causa Vialidad en un momento donde la Justicia aún no logró decomisar nada de los 587 millones de dólares que debe pagar la exmandataria por su condena.

Debido a que Vialidad Nacional dejó caer la causa civil, dado que no continuó con el reclamo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la "caducidad de la instancia" y dio por terminado el juicio. Acto seguido, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados que ganaron en este juicio civil.

En un último intento por evitar el pago, desde Vialidad Nacional se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, entidad que deberá resolver si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio, teniendo en cuenta la inactividad de fondo del Estado en la demanda civil iniciada durante el gobierno de Alberto Fernández y que se prolongó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, en la gestión de Javier Milei, según informó La Nación.

En un principio, los abogados de los condenados y absueltos pidieron que se calculen los honorarios correspondientes y reclamaron el cobro de los mismos, aunque la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal frenó el trámite de regulación de honorarios el 14 de julio hasta que se presente la postura de la Corte Suprema.

Poco después, Luis Goldín y Fernando Muriel, abogados de CFK, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios, denunciaron "privación de justicia" y solicitaron la anulación de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal de congelar las regulaciones. En total, se disputan unos 13.614 millones de pesos para doce letrados.

Desde su lugar, Goldín y Muriel, quienes cerraron por caducidad el juicio civil que Vialidad Nacional inició contra Cristina Kirchner, se presentaron el 4 de agosto ante la Corte Suprema y solicitaron que el tribunal se avoque al expediente y declare la nulidad de la resolución que frenó la regulación de honorarios.

Los letrados realizaron una presentación directa por "efectiva privación de justicia" y explicaron que el Código Procesal Civil y Comercial establece que no corresponde frenar la regulación de honorarios mientras que la Corte no haga lugar a una queja, todo en el marco del juicio civil que cayó por caducidad por falta de impulso del Estado.

En total se disputan 13.614 millones de pesos, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez, quien recibirá unos 3714 millones de pesos o 2.427.604 de dólares con un adicional del 40% por cumplir su rol como apoderado.

El abogado defensor de Héctor René Garro, Mariano Fragueiro Frías, y el de Raúl Osvaldo Daruich, Mario Fernando Ganora, percibirán por su parte unos 1857 millones de pesos o 1.213.802 dólares, cada uno.

En paralelo, los abogados Marcelo Antonio Sgro y Fernando Díaz Cantón, representantes del exdirector de Vialidad Nélson Periotti; Horacio Faillace y Lucio Simonetti, del exsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y Santiago Mauricio Perlo y Gabriel Alberto Domenech-Achetone, por el exsecretario José Francisco López percibirán 663 millones de pesos o unos 433.501 dólares cada uno y 1326 millones de pesos o 867.001 dólares por defensa.

Oscar Luis Vignale, defensor de Raúl Gilberto Pavesi, percibirá 1325 millones de pesos, unos 866.320 de dólares, mientras que la defensa de CFK, más allá de haber conseguido la caducidad de instancia, es la parte que menos cobrará con 549,8 millones de pesos, unos 359.354 dólares, dedicados a Goldín y 331,1 millones de pesos, unos 216.410 dólares, para Muriel, sumando 880,9 millones de pesos, equivalentes a 575.764 dólares, entre los dos.