El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado, quien financió y facilitó aeronaves para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y para cometer fraude electrónico, según surge de documentación oficial que obtuvo LA NACION.

El juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había negociado con la Fiscalía tras ser extraditado a Estados Unidos, en noviembre de 2025, y dispuso que las dos penas de 72 meses se cumplan en simultáneo.

El empresario continuará, por tanto, detenido en una cárcel estadounidense y el monto de la eventual restitución económica a sus víctimas todavía deberá determinarse.

La sentencia, dictada tras una audiencia de apenas 17 minutos, marcó el cierre de una extensa investigación criminal que involucró al empresario argentino en una trama de operaciones fraudulentas con aeronaves y lavado de activos. También consolida el acuerdo que Machado alcanzó con los fiscales estadounidenses en mayo de este año, cuando admitió su responsabilidad a cambio de que le retiraran el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre él.

La resolución de este martes contiene otras decisiones relevantes. El juez Mazzant aceptó formalmente el acuerdo de culpabilidad, rechazó las objeciones que había presentado la defensa y dispuso desestimar, a pedido de la Fiscalía, decenas de cargos y sus sucesivas ampliaciones que integraban la acusación original. La condena quedó circunscripta a dos imputaciones: conspiración para cometer lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

Machado recibió 72 meses de prisión por cada uno de esos delitos, pero ambas penas deberán cumplirse concurrentemente. Por lo tanto, no se trata de dos condenas acumulativas de seis años cada una, sino de una pena total de seis años de cárcel. A ese período se sumarán tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión, también computados en simultáneo para ambos cargos.

Allegados a Machado indicaron a LA NACION que Machado podría recuperar su libertad “pronto”. “Parte del acuerdo con la Fiscalía fue que le computaran el tiempo que pasó detenido en la Argentina a la espera de ser extraditado a Estados Unidos”, indicaron. De ser así, podrían restarle 4 años y medio de la ejecución, ya que fue detenido en abril de 2021, en el aeropuerto de Neuquén, y extraditado a Texas en noviembre de 2025.

Junto a Machado se ilusionan, además, con que el ahora convicto en Estados Unidos pueda cumplir en la Argentina sus tres años de libertad supervisada, aunque eso no surge de la documentación judicial que cotejó LA NACION.

El juez Mazzant exigió a Machado, en tanto, el pago de una multa y le impuso una evaluación especial de US$100 por cada cargo, pero postergó por 90 días la determinación de la restitución económica que deberá afrontar. Para discutir ese punto fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027, al mediodía, en el tribunal federal de Sherman, Texas.

Cambio de estrategia

La sentencia es el resultado de un cambio de estrategia del empresario. Después de haber sostenido inicialmente su inocencia y de haber optado por enfrentar un eventual juicio por jurados, Machado modificó su posición y negoció con la Fiscalía federal. En mayo, durante una audiencia de apenas 16 minutos ante el juez de instrucción Don D. Bush, admitió su responsabilidad por los delitos económicos que finalmente quedaron incluidos en el acuerdo.

La investigación estadounidense reconstruyó un esquema de captación de inversiones mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. Machado utilizaba, entre otras, las sociedades South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que controlaba desde Florida, en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una compañía de Oklahoma City que intervenía como agente de depósito en garantía y compartía oficinas, recursos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation, vinculada a su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, que recibió una condena a 16 años de prisión en 2023.

Entre las operaciones reconocidas en el expediente figuran contratos relacionados con aeronaves que no estaban realmente disponibles para su comercialización o que pertenecían a terceros. La fiscalía describió, entre otros episodios, negociaciones por aviones vinculados a China, Japón y Air India. En uno de esos negocios, celebrado en noviembre de 2020, se acordó un depósito reembolsable de US$5 millones por una aeronave de Air India. De ese monto, US$550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.

El acuerdo de culpabilidad tuvo, además, una consecuencia decisiva: la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre el argentino desde la imputación original de 2020. Ese cargo contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión. La negociación permitió así que Machado evitara enfrentar una condena por ese delito, aunque no equivale a una declaración judicial de inocencia respecto de los hechos investigados.

La condena también vuelve a proyectar consecuencias sobre la política argentina. En el expediente estadounidense permanece incorporada una transferencia de US$200.000 a favor de José Luis Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que Machado utilizaba durante sus viajes a la Argentina. La operación fue una de las piezas documentales que permitieron reconstruir el vínculo económico entre ambos.

Espert sostuvo que ese dinero correspondía a un contrato de consultoría por un millón de dólares relacionado con un proyecto minero en Guatemala, del que habría cobrado una primera cuota. Según su explicación, el trabajo no llegó a concretarse debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, esa justificación quedó bajo cuestionamiento en la investigación judicial argentina.

El exdiputado libertario fue procesado en octubre pasado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, que consideró que existían indicios suficientes para atribuirle el presunto delito de lavado de activos por los US$200.000 recibidos de una firma vinculada a Machado. El magistrado también le impuso un embargo de 1000 millones de pesos y la prohibición de salir del país.