El mayor impacto se concentra en Capitán Sarmiento, donde fueron desvinculados 700 empleados. A esa cifra se suman otros 500 trabajadores de la planta de Esteban Echeverría y 50 de Pilar, según los datos de la cartera laboral bonaerense.

La empresa había comunicado los despidos a comienzos de septiembre y, tras el fracaso de las negociaciones, decidió ratificarlos. En su explicación, sostuvo que la medida responde a la necesidad de "adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación". También rechazó las acusaciones de vaciamiento y atribuyó parte de sus problemas financieros a la afectación de fondos y cobranzas vinculadas con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales, según publicó Infobae.

Pese a la confirmación de las desvinculaciones, la compañía manifestó que mantiene abierta la posibilidad de diálogo para analizar alternativas que permitan atender la situación de los trabajadores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Un frente judicial que suma presión

La definición laboral se produjo mientras la empresa enfrenta una compleja situación en los tribunales comerciales. El Juzgado Comercial N° 21 ordenó la indisponibilidad de US$ 13,5 millones depositados por Granja Tres Arroyos en el Banco de Comercio, en medio de las denuncias de vaciamiento y de los reclamos de empleados que aseguran que se les adeudan cuatro meses de salarios, según información a la que accedió Infobae.

El juez Germán Páez Castañeda también puso el foco sobre otros fondos. En el expediente del concurso preventivo aparece registrado un depósito de casi US$ 16 millones en Eurobanco. El magistrado pidió a la compañía que aclare el destino y la disponibilidad de ese dinero y que explique cómo su existencia resulta compatible con las dificultades denunciadas para afrontar regularmente las obligaciones laborales.

Entre ambas cuentas, los fondos mencionados judicialmente se acercan a los US$ 30 millones.

Mientras tanto, los trabajadores realizaron una movilización frente al Juzgado Comercial N° 21 para reclamar que los cuatro meses de salarios y el aguinaldo pendientes sean priorizados cuando se abra formalmente el concurso.

La apertura del proceso todavía no se concretó porque la Cámara debe resolver una disputa de competencia entre los juzgados comerciales N° 1 y N° 21. En paralelo, el Juzgado Comercial N° 24 dispuso la inhibición general de bienes y un embargo por $605 millones a raíz de una ejecución iniciada por Banco Credicoop. El reclamo está relacionado con una deuda de cuenta corriente que la compañía mantenía en la sucursal Paternal de la entidad.

Una deuda que supera los $126.000 millones

El deterioro financiero de Granja Tres Arroyos se formalizó a mediados de septiembre, cuando el grupo encabezado por Joaquín De Grazia presentó el concurso preventivo junto con las restantes sociedades del entramado empresario: Wade, operadora de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría; Avex, propietaria de una planta en Río Cuarto, Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), sociedad controlante.

En el expediente judicial, el grupo reconoció una deuda superior a $126.000 millones en cheques rechazados. Entre las causas de la crisis mencionó el "estrangulamiento del mercado interno", el ingreso de pollo importado desde Brasil y el cierre de mercados externos provocado por el brote de gripe aviar de 2023.

A esos factores agregó el incremento de los costos de energía, logística y mano de obra, en un escenario de fuerte deterioro de las condiciones financieras.

Con los despidos ya efectivos, otro punto central será determinar cuándo podrán cobrar las indemnizaciones. Fuentes sindicales señalaron que primero deberá establecerse qué juzgado tendrá a su cargo los concursos y posteriormente deberá designarse un síndico, quien intervendrá en la determinación de los créditos.

Desde el gremio sostienen que las indemnizaciones deberían tramitarse bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago de la mitad de la indemnización correspondiente a un despido sin causa cuando existe falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.

Así, la crisis de Granja Tres Arroyos queda atravesada por tres variables simultáneas: una fuerte reducción de su estructura laboral, un pasivo superior a $126.000 millones y una disputa judicial que deberá definir el camino para ordenar las deudas y determinar el futuro de una de las principales compañías del sector avícola argentino.