La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) impuso una multa de 403 millones de euros a Google Ireland Limited por infracciones vinculadas con el tratamiento de datos de geolocalización de los usuarios.

La investigación concluyó que determinadas herramientas de la compañía no cumplían con las exigencias de transparencia, legalidad y tratamiento justo previstas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo.

La investigación se concentró en prácticas desarrolladas entre el 25 de mayo de 2018, cuando comenzó a aplicarse el RGPD, y el 4 de febrero de 2020. Es decir, la sanción anunciada este lunes 21 de septiembre de 2026 llega más de seis años después del inicio de las actuaciones y analiza un período histórico específico.

¿Por qué Google recibió una multa de 403 millones de euros?

La DPC abrió su investigación en febrero de 2020 luego de recibir denuncias de varias organizaciones europeas de defensa de los consumidores, entre ellas la Organización Europea de Consumidores (BEUC). El organismo irlandés examinó cómo Google procesaba información de ubicación mediante tres funciones concretas: Actividad web y de aplicaciones, Historial de ubicaciones y Precisión de la ubicación.

Según las conclusiones del regulador, Google incumplió las obligaciones de legalidad y tratamiento justo en relación con la Actividad web y de aplicaciones y el Historial de ubicaciones. Además, la compañía no pudo demostrar adecuadamente el cumplimiento de determinadas obligaciones de responsabilidad vinculadas con la función Precisión de la ubicación.

La DPC también detectó problemas de transparencia en las tres herramientas y cuestionó la conservación de determinados datos de ubicación durante períodos superiores a los necesarios.

El punto central de la investigación no fue simplemente que Google pudiera conocer una ubicación. El problema analizado por el regulador fue cómo se obtenía, explicaba, utilizaba y conservaba esa información personal.

La DPC explicó que los datos de ubicación pueden permitir inferir dónde se encuentra una persona, tanto de manera directa como al combinar esa información con otros datos. Para el organismo, ese tipo de información puede resultar especialmente sensible porque permite reconstruir patrones sobre la vida cotidiana de un usuario.

En su explicación, el subcomisionado Graham Doyle sostuvo que las deficiencias detectadas podían provocar que algunas personas no supieran que su ubicación podía utilizarse, por ejemplo, para influir en la publicidad que recibían o para inferir determinados intereses.

La autoridad también señaló que conservar información de ubicación durante más tiempo del necesario agravaba la pérdida de control de los usuarios sobre sus datos personales.

La primera herramienta analizada fue Web & App Activity, una configuración de la cuenta de Google que puede almacenar actividad realizada en distintos servicios. La propia compañía explica actualmente que esa información puede incluir datos asociados, como la ubicación, dependiendo de los productos utilizados y de las configuraciones activadas.

La segunda fue Location History, actualmente vinculada a la función Timeline. Google señala que esta herramienta permite crear un mapa personal con lugares visitados, recorridos y viajes. También aclara que, cuando está activada, puede guardar periódicamente la ubicación precisa del dispositivo.

La tercera fue Location Accuracy, una función de Android que permite determinar la ubicación del dispositivo con mayor precisión que mediante el GPS por sí solo. La investigación analizó específicamente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y responsabilidad relacionadas con esta herramienta.

La multa no significa que Google deba dejar de utilizar cualquier información de ubicación. De hecho, la documentación actual de la empresa muestra que existen diferentes configuraciones y controles para administrar qué datos se almacenan y durante cuánto tiempo.

Google permite actualmente revisar y eliminar actividad de la cuenta y establecer períodos de eliminación automática. En el caso de Timeline, por ejemplo, existen opciones para borrar automáticamente información con más de tres meses, 18 meses o 36 meses, según la configuración disponible.

Además, Google sostiene que desde 2019 modificó de manera significativa sus prácticas y desarrolló herramientas para facilitar el control de los datos de ubicación. La compañía considera que el procedimiento se refiere a políticas históricas que posteriormente fueron actualizadas.

La sanción económica no es la única consecuencia de la decisión. La DPC ordenó a Google adaptar sus procesos de tratamiento de datos al RGPD dentro de un plazo de seis meses.

La resolución convierte así a Irlanda en el escenario de una nueva disputa de gran escala entre los reguladores europeos y una de las mayores compañías tecnológicas del mundo. La multa de 403 millones de euros es, según medios irlandeses, la cuarta sanción más elevada aplicada por la DPC desde la entrada en vigor del RGPD.

En Argentina, estas herramientas de Google también forman parte del ecosistema habitual de búsqueda, mapas, Android y otros servicios, aunque la decisión de la DPC se refiere a Google Ireland y al cumplimiento del RGPD dentro de su ámbito de aplicación europeo.