La Dra. Mayra Luna, coordinadora del área de seguridad en Tucumán de la organización de derechos humanos Andhes, que cumple 25 años de trayectoria en la región del noroeste argentino (Tucumán, Salta y Jujuy).
Durante la entrevista en “El Colador” en la FMetropolitana 100.5 Mhz. analizo la entrada en vigencia, el próximo 5 de septiembre, del un nuevo régimen penal juvenil en Argentina que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Críticas al nuevo régimen penal juvenil
La Dra. Luna califica la nueva ley como regresiva, inconstitucional, ilegal e ineficaz. Señala que el régimen contradice el ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales del Estado, como la Convención de los Derechos del Niño, la cual establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible.
Luna argumenta que el foco punitivo es desproporcionado basándose en estadísticas oficiales (disponibles hasta 2021) dado que, durante este gobierno, no se realizaron.
La incidencia de menores de 16 años en la comisión de delitos es de solo el 1,1%.
En delitos graves como homicidios, la participación de adolescentes desciende al 0,5%.
Deficiencias estructurales en Tucumán
La entrevistada advierte que el Estado no está preparado para aplicar esta ley debido a fallas en su infraestructura y sistema judicial:
Falta de especialización: Aunque existen jueces penales de adolescentes, la provincia de Tucumán carece de fiscalías y defensorías oficiales penales especializadas para menores.
Infraestructura inadecuada: El Instituto Roca, un centro especializado con más de 30 años de trayectoria, dejó de existir.
Los adolescentes fueron trasladados al Instituto Cura Brochero, el cual funciona como un pabellón dentro del complejo penitenciario para adultos de Benjamín Paz, violando la exigencia de mantener a los menores en instituciones separadas.
Consecuencias y acciones futuras
Según Luna, la ley permitirá la prisión de adolescentes por delitos menores, como tentativas de hurto, lo que profundizará su identificación con el delito al convivir con infractores graves.
La abogada de andhes Menciona que, en países como Brasil, endurecer las penas no disminuyó la delincuencia juvenil. Ante esto, Andhes y otras redes nacionales están evaluando estrategias para presentar recursos de inconstitucionalidad una vez que la ley entre en vigencia el 5 de septiembre.




