Javier Milei envió al Congreso un proyecto para eliminar la norma de promoción de la alimentación saludable, al sostener que generó "confusión en los consumidores", distorsiones regulatorias y sobrecostos para la industria.

Según él es necesario un sistema "más preciso, contextualizado y científicamente consistente", que algunos sospechan fue escrito en un estudio jurídico que trabaja para las alimentarias.

Milei pretende derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, que instauró el sistema de etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas.

En el mensaje firmado por el presidente, su deslomado jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ridículo ministro de Salud, Mario Lugones, se sostiene que la experiencia de aplicación de la norma permitió detectar "diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas" que justifican su eliminación.

Mentiras

El nuevo Etiquetado lo impulsa Milei, quien impidió al INdEC actualizar la canasta considerada para evaluar la variación del costo de vida. Un irresponsable. ¿Quién dice que podrá hacer algo mejor con el Etiquetado qué propone?

De acuerdo con el texto, que ingresó para su tratamiento inicial por el Senado, la ley vigente incorporó un esquema obligatorio de sellos de advertencia basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con restricciones a la publicidad, la promoción y la utilización de determinados elementos gráficos en los envases.

Sin embargo, el Ejecutivo advierte que "no existe actualmente un modelo único y uniforme a nivel internacional" sobre etiquetado frontal, y que los sistemas disponibles están en permanente revisión, lo que relativiza la adopción de un esquema rígido como el argentino.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al perfil de nutrientes utilizado, que aplica criterios homogéneos a alimentos de características muy diferentes.

Según el mensaje, esto genera situaciones en las que productos "tradicionalmente incorporados dentro de patrones alimentarios cultural y nutricionalmente aceptados" reciben advertencias equivalentes a otros de menor calidad nutricional, lo que "dificulta una adecuada diferenciación" entre ellos.

El Gobierno afirma que el sistema "puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley".

También se cuestiona la metodología de cálculo, basada en porcentajes del aporte energético total, ya que en algunos casos arroja resultados "técnicamente inconsistentes o desproporcionados".

Y la falta de incentivos para la reformulación de productos: "La estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos".

El mensaje oficial remarca además que el país ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el Mercosur, que exige declarar valores energéticos, azúcares, grasas, proteínas y sodio, entre otros componentes.