El Senado sancionó una nueva ley de discapacidad que
dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La
iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la
mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a
la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su
actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el
arancel unificado, entre otras cuestiones.
“La única forma de salir de la emergencia es con reglas
estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga,
genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y
titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal),
quien ofició de miembro informante. “No es un proyecto de un solo sector”,
intentó justificar el porteño para disfrazar lo ocurrido en la Cámara baja y
que, de manera insólita, el Gobierno buscó modificar días atrás en el Senado,
antes que se dictaminara el texto.
“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere
decir que no falten cosas por hacer”, respondió la opositora y presidenta de la
comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien
manifestó su “preocupación” por la ejecución de las decisiones a través de
oficinas de la ANSeS. En ese sentido, planteó que hoy existen “427 centros para
todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la
provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.
Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista
Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a las partidas
involucradas y costos fiscales -semanas atrás quedó muy mal parada la gestión
local que tanto vanagloria por el alto impacto allí de Ingresos Brutos, uno de
los peores tributos provinciales-, mencionó a la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el corriente año,
mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos
para 2027.
El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70%
del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como
principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de
prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en Diputados -el
Gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la
pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la
pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios,
siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se garantiza que tanto las personas titulares de
pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan
el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901
(Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o
cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias
específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se
prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes.
Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por
beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En otro tramo de la norma sancionada se introducen
mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de
Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con
organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de
suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo,
aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y
rehabilitación provisoria.
Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) dejó en
claro que los inconvenientes por fondos mencionados por kirchneristas no fueron
“solamente desde el inicio de este gobierno”. “Se han ido perdiendo
paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años
anteriores”, sentenció la experimentada legisladora.
Al final de su discurso, Juri enfatizó: “Deberíamos estar
atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- tenga previsto estos
fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos
distraigamos”. Seguido a ella, su colega bonaerense Maximiliano Abad direccionó
la mira hacia la “operatividad” que los beneficiarios “no terminen en la
justicia”.
Otra sección importante del articulado es que establece
que, si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la
ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30
días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos ítems alertó el
peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir
de cerca las próximas auditorías.
Durante la discusión hizo uso de la palabra la libertaria y
presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien dijo:
“La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en
emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con
reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den
confianza”.
“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su
familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre.
La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó el jefe del PRO,
Martín Goerling (Misiones).
El macrista destacó que, en su provincia, que hay casi un
6% de habitantes que cobra, según datos oficiales, la pensión por invalidez.
Más del doble del promedio nacional. Y destrozó al Frente Renovador -no es el
massista- que maneja hace décadas el poder local -que defienden a rajatabla los
senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut-: habló de una estructura
“clientelar” y puso el ejemplo de un municipio con cerca de 19% de
certificados. Siete veces más la media en el país. Vergonzoso.
Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires)
aseveró que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, citó a auditoría al 91%
del universo total y que sólo suspendió 141. “Dejen de decir que las personas
con discapacidad mienten”, bramó. Y observó que se le “deben casi 80.000 palos
-en referencia a millones de pesos- a los prestadores”. Y finalizó: “Es un
estado inútil o cruel. O ambas cosas”.


