La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido y el embargo de sus bienes en una causa que investiga presuntas irregularidades tributarias vinculadas con el Impuesto a las Ganancias de 2020. La decisión también alcanza a Refres Now S.A., la firma que elabora las bebidas de la marca Manaos.

La resolución fue firmada el 22 de octubre por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I del tribunal. El documento confirma en todos los puntos recurridos una decisión previa del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3.

El fallo precisa que la revisión abarcó dos aspectos diferentes del expediente: los sobreseimientos por prescripción de la acción penal para hechos correspondientes a los períodos fiscales 2017 y 2018, y los procesamientos y embargos dictados por el hecho vinculado con Ganancias del período fiscal 2020. La Cámara resolvió mantener el pronunciamiento apelado sin modificaciones.

La causa tramita bajo el número FSM 5439/2024/4/CA3 y tiene como querellante a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La investigación pone bajo análisis declaraciones juradas, el respaldo de determinadas operaciones y la situación fiscal de la compañía.

Según la resolución de primera instancia, el embargo preventivo dispuesto sobre los bienes de Canido asciende a $ 250 millones. La misma medida patrimonial fue ordenada respecto de Refres Now S.A. Estos embargos buscan garantizar eventuales responsabilidades económicas en el proceso y no implican una condena.

El tribunal mantuvo embargos preventivos de 250 millones de pesos sobre los patrimonios de Canido y de la empresa fabricante de Manaos. El periodista Gabriel Iezzi dio a conocer el fallo de la Cámara, cuya parte resolutiva indica: “Confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto fue materia de recurso”. El texto fue incorporado al registro de Cámara bajo el número 12.106.

Entre los puntos que motivaron la investigación figura un préstamo de $ 650 millones declarado por la empresa. La hipótesis de la acusación sostiene que la operación pudo haber sido utilizada para justificar un incremento patrimonial sin respaldo suficiente. Canido afirmó que los fondos habían sido aportados en efectivo por un tercero identificado en el expediente como Lorenzo Pizzo.

La querella cuestionó esa explicación al señalar que Pizzo no habría tenido capacidad económica para otorgar el préstamo en 2020. También se analizan deducciones tributarias, presunta duplicación de facturación y la declaración de pasivos cuya existencia y trazabilidad están bajo revisión judicial.