La decisión abre interrogantes sobre los límites del poder, la transparencia y el ejemplo institucional que debería dar la Justicia.

La Justicia suele hablar de institucionalidad, de respeto por las normas y de igualdad ante la ley. Lo hace desde una posición de autoridad, como si esos principios fueran una obligación exclusiva de los demás. Pero ¿qué sucede cuando quienes deben dar el ejemplo empiezan a estirar las reglas para resolver sus propios asuntos?

En Tucumán, la prórroga por ocho años de la designación de Adela María Seguí como directora académica de la Escuela Judicial deja una pregunta incómoda: ¿cómo se pasa de un cargo concursado por dos años a una continuidad de ocho sin que se enciendan las alarmas institucionales?

La secuencia está documentada. Seguí había accedido al puesto mediante un concurso público de antecedentes y oposición. El esquema original establecía mandatos de dos años prorrogables. En agosto de 2025, el Consejo Asesor de la Magistratura aprobó el Acuerdo N.º 82/2025, que habilitó períodos de hasta diez años. Días después, la Resolución de Presidencia N.º 256/2025 dispuso la prórroga por ocho años.

La propia resolución fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de los proyectos académicos de la Escuela Judicial.

Cuando modificar las reglas no elimina las preguntas

Una cosa es tener facultades para modificar una regla y otra muy distinta es pretender que cualquier decisión adoptada al amparo de esa facultad resulte razonable por definición.

Primero se cambia el criterio. Después se utiliza ese nuevo criterio para extender un mandato durante ocho años. Todo bajo el paraguas de las atribuciones institucionales. ¿Es suficiente invocar la continuidad de un proyecto para justificar semejante extensión? ¿Por qué ocho años? ¿Qué impedía evaluar otras alternativas? ¿Por qué no convocar a un nuevo concurso?

Son preguntas elementales. No constituyen un ataque a la Justicia. Constituyen el tipo de preguntas que una sociedad debería poder hacerle a cualquier organismo público, y más aún a uno que interviene en la formación de quienes mañana tendrán la responsabilidad de administrar justicia.

La institución que debe enseñar a respetar las reglas

La Escuela Judicial no es una oficina cualquiera. Allí se forman aspirantes a la magistratura. Se supone que es un ámbito donde se aprende a respetar las reglas, a fundamentar las decisiones y a comprender que el poder tiene límites.

¿Qué mensaje transmite una institución que prolonga por ocho años un cargo cuyo plazo original era de dos?

El problema excede a una persona. No se trata de discutir los antecedentes académicos de Seguí ni de atribuirle intenciones que no están demostradas. Se trata de examinar una práctica institucional: la posibilidad de modificar las reglas y ampliar los plazos de permanencia hasta convertir una decisión excepcional en una cuestión difícil de cuestionar desde adentro.

La Justicia no puede exigirles a los demás un rigor que no está dispuesta a aplicarse a sí misma. No puede reclamar transparencia mientras sus propias decisiones quedan envueltas en tecnicismos que pocos ciudadanos conocen. Y no puede pretender que la sociedad confíe ciegamente en sus procedimientos cuando decisiones de esta magnitud merecen explicaciones mucho más convincentes que una invocación genérica a la continuidad académica.

¿Quién controla a quienes controlan?

No hay que confundir una facultad formal con un cheque en blanco. Tampoco corresponde afirmar que hubo ilegalidad sin analizar las normas y los antecedentes completos. Pero el debate institucional está planteado y las autoridades tienen la responsabilidad de responderlo.

La Justicia debería ser el primer lugar donde las reglas se respetan sin atajos, donde los cargos no se convierten en espacios de permanencia indefinida y donde los procedimientos importan tanto como los resultados.

Cuando eso no ocurre, la pregunta deja de ser cuánto dura un mandato. La pregunta es quién controla a quienes están acostumbrados a controlar a los demás.

Porque si hasta la Justicia empieza a estirar las reglas cuando le conviene, ¿con qué autoridad puede exigirles a los demás que las cumplan?