El Vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote
argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE)
y de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM) en San Rafael,
Mendoza, por abusos cometidos contra varias personas. El religioso murió en
2023, en Génova, Italia.
Tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como
el Tribunal de Apelación alcanzaron la denominada “certeza moral” sobre su
responsabilidad por hechos encuadrados en “un delito contra el sexto
mandamiento, cometido con violencia contra varias personas”, según informó este
martes Vatican News.
La resolución supone la culminación de un proceso de dos
instancias dentro de la Iglesia y estableció definitivamente la culpabilidad de
Buela por múltiples delitos contemplados en el canon 1395 del Código de Derecho
Canónico, referido a delitos contra la moral sexual.
La decisión fue comunicada a través de un documento firmado
por Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y por los delegados pontificios
José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín, y Clara Echarte.
Los dos últimos fueron designados en enero de 2025 para
acompañar a las ramas masculina y femenina de la congregación fundada por Buela
en Argentina durante la década de 1980.
La confirmación de la responsabilidad del sacerdote llega
tres años después de su muerte y tras años de denuncias en su contra. Según
precisó el Vaticano, Buela había sido acusado de abusos sexuales por cerca de
20 seminaristas desde la década de 2000.
La decisión fue comunicada oficialmente por los delegados
pontificios a los superiores provinciales de ambos institutos durante una
reunión realizada en Roma el pasado 14 de septiembre, de la que también
participaron autoridades del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada.
Las denuncias contra Buela
Las acusaciones contra el sacerdote argentino llevaban años
bajo análisis de las autoridades eclesiásticas.
En diciembre de 2016, la Iglesia admitió por primera vez la
veracidad de las denuncias en su contra. En aquel momento, el Vaticano había
señalado que no se habían constatado casos de abusos de menores atribuibles al
fundador del IVE, pero sí denuncias relacionadas con conductas sexuales que
habían afectado a religiosos y seminaristas del Instituto.
La Santa Sede determinó entonces, luego de garantizar el
derecho de defensa del sacerdote, “la veracidad de las denuncias y la
imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad”.
Uno de los denunciantes cuestionó en aquel momento la forma
en que se arribó a esa conclusión. Sostuvo que existían más de una docena de
casos de adultos en situación de vulnerabilidad, debido a que eran subordinados
de Buela o estaban bajo su dirección espiritual. Para entonces, al religioso ya
se le había prohibido cualquier ejercicio ministerial y cualquier acto
sacerdotal, tanto público como privado.
Ahora, una década después de aquella comunicación, el
Vaticano informó que los dos tribunales eclesiásticos que intervinieron en el
proceso alcanzaron la “certeza moral” de su culpabilidad por los hechos
cometidos con violencia contra varias personas.
“Un acto de justicia”
Al comunicar la resolución, las autoridades eclesiásticas
señalaron que la difusión de las conclusiones busca contribuir al
“restablecimiento de la verdad” y constituir un acto de justicia para quienes
sufrieron daños como consecuencia de la conducta del fundador del Instituto.
El Vaticano sostuvo además que la decisión deberá servir
para avanzar en un proceso de revisión, renovación y purificación de la
espiritualidad, la formación y el apostolado de los dos institutos fundados por
Buela.
El IVE y las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará
fueron fundados en la Diócesis de San Rafael, Mendoza, y actualmente tienen su
sede principal en la Diócesis de Velletri-Segni, en Italia. Con los años, ambas
organizaciones religiosas se expandieron a más de 25 países de los cinco
continentes.
La Santa Sede siguió de cerca durante años la situación
interna de los institutos. El cardenal español Santos Abril y Castelló llegó a
desempeñarse como comisario pontificio de la rama masculina ante los problemas
de gobierno interno y las acusaciones de abuso de poder y de naturaleza sexual
contra su fundador. Su tarea concluyó en 2025 con la designación de los
actuales delegados pontificios.




