El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezó -una reunión interinstitucional en la que participaron autoridades judiciales, legisladores, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Pupilar y de la Defensa.

El encuentro tuvo como eje avanzar en la adecuación de la normativa provincial a las disposiciones establecidas por la Ley Nacional N.º 27.801. La reunión permitió analizar distintos aspectos vinculados con su aplicación y avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre los organismos que intervienen en el sistema penal juvenil.

Participaron por la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos; por la Legislatura, los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Mario Leito y Carolina Vargas Aignasse; por el Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez y el fiscal Luis Germain; y por el Ministerio Pupilar y de la Defensa, Pablo Cannata, Daniel Plaza y Alejandra Rivas.

También estuvieron presentes los jueces penales de Niñas, Niños y Adolescentes Ana María Iacono, Elizabeth Myriam Raddi, Federico Moeykens y Marcos Javier Núñez Campero, además de los funcionarios del Poder Judicial Andrés Garmendia, Marcelo Rubinstein y María Josefina Sánchez.

Sobre el avance del trabajo conjunto, Acevedo señaló: “En cada reunión que tenemos, con distintas miradas, yo creo que hay un avance positivo. La ley nacional, la cual ya está en vigencia y la provincia la está cumpliendo, establece algunas disposiciones que son un poco complejas. Hay que compatibilizar la opinión del Poder Judicial con la opinión del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de la Defensa también hizo su planteo y su mirada”.

Sobre el objetivo de la adecuación provincial, afirmó: “Vamos a ir avanzando en pos de lograr una ley que sea de aplicabilidad, porque en la Legislatura queremos sancionar leyes que una vez que estén sancionadas y se promulguen, se pueda cumplir y no quede en letra muerta”.

Respecto del objetivo del régimen, sostuvo: “La idea es que podamos cumplir con la normativa nacional, pero también que podamos desde nuestras normas locales generar las condiciones para que ese menor pueda pagar por el delito cometido, podamos resocializarlo, podamos poner fin a su trayectoria criminal”.